El Gobierno de Javier Milei ejecutó una nueva medida de corte negacionista al suspender el envío de kits de reconocimiento de ADN a todos los consulados de Argentina en el exterior, una política que funcionaba con éxito desde hace 20 años.

Esta acción de facto interrumpe la labor de búsqueda de los bebés expropiados durante la dictadura cívico-militar, una tarea histórica impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977. El bloqueo se realizó bajo el argumento de falta de validez judicial en la custodia de las muestras, una afirmación rechazada por especialistas que confirman la eficacia y legalidad del proceso mediante valija diplomática desde 2005.

???? La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, #Argentina ????????, impulsó el reconocimiento del derecho a la identidad

???? Durante la dictadura de 1976, bebés de detenidos y desaparecidos fueron apropiados en maternidades clandestinas y entregados a familias afines al régimen. Cerca… pic.twitter.com/u4WPZU65dm

— teleSUR TV (@teleSURtv) March 24, 2026

En ese sentido, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado urgente solicitando a la Cancillería argentina que regularice el envío de kits de ADN a las sedes consulares, tras confirmarse la interrupción de este mecanismo vital para la identificación de posibles víctimas de apropiación.

El organismo manifestó su profunda preocupación por el faltante de insumos, señalando que esta decisión del Gobierno nacional obstaculiza la restitución de identidad de personas que residen fuera del país y que podrían ser los nietos buscados desde hace más de cuatro décadas.

Las Abuelas recalcaron que el Estado tiene la obligación de arbitrar los medios necesarios para garantizar un proceso que funcionó con éxito durante 20 años. Según el comunicado, alrededor de 300 personas continúan viviendo bajo una identidad falsa, un delito que solo cesa cuando la víctima y su familia acceden a la verdad.

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La institución espera que la designación de nuevas autoridades en la Subsecretaría de Derechos Humanos sirva para revertir el vaciamiento institucional y reactivar las tareas de búsqueda, reafirmando que el derecho a la identidad es una conquista social que el ejecutivo no debe seguir bloqueando con barreras administrativas o ideológicas.

La denuncia presentada inicialmente por la Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa, y ratificada por diversos organismos de derechos humanos, confirma que el bloqueo de estos materiales biológicos anula la posibilidad de que personas con dudas sobre su identidad en el extranjero puedan recuperar su historia y filiación real.

Bajo la Administración actual, también se desmantelan estructuras dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ex ESMA que operó como el principal recinto clandestino de detención, tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado en Argentina, que en la actualidad es un lugar de Memoria y Derechos Humanos y se puso a la venta el edificio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

???? Ante la información de que el Gobierno ha interrumpido el envío a los consulados de los kits de ADN para la toma de muestras a personas que dudan de su identidad, solicitamos a las autoridades que arbitren los medios para regularizar esta situación.

????https://t.co/98bexUlDwt pic.twitter.com/qP4QEd8vxf

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) April 8, 2026

Los organismos defensores de la vida denuncian que estas acciones responden a la postura ideológica de Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quienes siguen mantenido vínculos históricos con represores y promueven un discurso que busca invisibilizar los crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 70 y 80.

La interrupción de este programa de identidad representa un quiebre sin precedentes en la política exterior argentina, que durante décadas fue ejemplo mundial en la restitución de nietos robados. El Gobierno de Milei es señalado por desmantelar múltiples políticas y dispositivos de derechos humanos que permitían avanzar en la localización de los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Al eliminar el acceso a las pruebas genéticas en las sedes consulares, el Estado argentino abandona su responsabilidad de garantizar el derecho a la identidad de cientos de ciudadanos que aún permanecen apropiados bajo identidades falsas.

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Esta medida profundiza la ofensiva oficial contra las conquistas sociales y humanas del pueblo argentino, consolidando un patrón de retroceso en materia de justicia y soberanía que caracteriza al actual modelo de gestión extremista.

El desmantelamiento de esta red de búsqueda internacional se suma al despido masivo de personal especializado en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y la degradación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).

Según testimonios de trabajadoras con décadas de experiencia, la estructura de interlocución entre el Estado, el Banco Nacional de Datos Genéticos y los consulados fue rota deliberadamente.

Este vaciamiento institucional no solo obstaculiza el avance de las investigaciones, sino que obliga a los posibles nietos a costearse viajes hacia Buenos Aires para acceder a una prueba que es responsabilidad del Estado, vulnerando el derecho humano a la identidad.

Organismos defensores de la vida califican esta acción como una muestra de la postura negacionista del ejecutivo nacional, que busca invisibilizar el robo de cerca de 400 bebés durante el terrorismo de Estado.

Al interrumpir el programa «Argentina te busca», la Administración libertaria incurre en una complicidad tácita con un delito que sigue siendo permanente mientras no se restituya la verdadera identidad de las víctimas.

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